Madrid, Spain
June 12, 2014
Fundación Antama rechaza el acuerdo alcanzado hoy por los Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea (UE) sobre la llamada “propuesta de nacionalización” del cultivo de organismos modificados genéticamente (OMGs), pues legitima prohibiciones subjetivas en Estados miembro tras la aprobación por la Comisión Europea. Este acuerdo demuestra la falta de voluntad de las instituciones europeas y de los Estados miembro para aplicar correctamente el marco regulatorio de autorizaciones de OMGs aprobado anteriormente.
Nacionalizar una política común europea basándose en razones no objetivas es un precedente negativo y contrario al espíritu del mercado único. Con esta nueva normativa se va a permitir a los Estados miembro rechazar formalmente una tecnología por razones no científicas, algo que establece un precedente peligroso y envía una señal negativa para la industria y el sector agrario europeo. Fundación Antama considera que debería corresponder a cada agricultor decidir lo que quiere sembrar en sus campos.
El actual marco jurídico de la UE para el cultivo de productos modificados genéticamente, adoptado inicialmente en 2001 (Directiva 2001/18/CE), nunca ha sido aplicado correctamente. Es habitual que la votación para la aprobación de OMGs destinados para el cultivo no se llegue a realizar nunca vulnerando la legislación vigente. La Unión Europea acumula actualmente retrasos de 44 años en aprobación de OMGs.
Fundación Antama pide que todos los productos que cumplan con los requisitos de evaluación de riesgos con base científica, según lo establecido en la legislación europea, sean autorizados sin retrasos injustificados. Después de más de 18 años de cultivo de OMGs a gran escala a nivel mundial, la evidencia existente demuestra que los cultivos transgénicos son al menos tan seguros como sus contrapartes convencionales.
No apoyar el avance científico de la UE es perjudicial para el crecimiento, la innovación, la inversión y la confianza del consumidor europeo. Las industria biotecnológica europea a través de la Asociación Europea de Bioindustrias (EuropaBio) también ha rechazado esta nueva normativa.
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